El
consumo de alcohol, tabaco y drogas, denominado «consumo de sustancias
psicoactivas» o «consumo de sustancias» en este cuadernillo, suele comenzar en
la adolescencia. Está asociado a un amplio abanico de efectos negativos sobre
la salud física y mental de los jóvenes, así como sobre su bienestar a corto y
largo plazo. Asimismo, se ha demostrado que conlleva una serie de consecuencias
negativas relacionadas con la educación, como bajo rendimiento académico, baja
participación en la escuela y fracaso escolar. Estos efectos repercuten en los
esfuerzos del sector de la educación por garantizar una educación de calidad
inclusiva y equitativa para todos y por cumplir la nueva Agenda Global 2030
para el Desarrollo Sostenible.
Hay una amplia gama de factores que exponen a las personas menores de edad y jóvenes al riesgo de consumo de sustancias y sus consecuencias, entre ellos sus características individuales y el entorno en el que viven. La educación es una plataforma que capta a las personas menores de edad y jóvenes en una etapa crucial de su desarrollo y les ayuda a evaluar y contrarrestar esos riesgos y presiones.
Por lo tanto, el sector de la educación tiene una responsabilidad fundamental en la protección de las personas menores de edad y jóvenes frente al consumo de sustancias. Ello implica la adopción de medidas dirigidas a conseguir centros educativos totalmente libres de tabaco, alcohol y otras drogas, a garantizar planes básicos de estudios que incluyan el aprendizaje de los riesgos asociados al consumo de sustancias y faciliten el desarrollo de las capacidades personales y sociales de los y las estudiantes relevantes para una conducta saludable, y a generar los conocimientos y capacidades que capaciten a padres, madres, cuidadores y las comunidades para apoyar a las personas menores de edad y jóvenes en la prevención y el abordaje del consumo de sustancias. Todas estas medidas exigen al sector de la educación la adopción de un planteamiento integral de movilización del sistema en conjunto en colaboración con otros sectores, especialmente el sector de la salud y las autoridades de fiscalización de drogas.
Hay una amplia gama de factores que exponen a las personas menores de edad y jóvenes al riesgo de consumo de sustancias y sus consecuencias, entre ellos sus características individuales y el entorno en el que viven. La educación es una plataforma que capta a las personas menores de edad y jóvenes en una etapa crucial de su desarrollo y les ayuda a evaluar y contrarrestar esos riesgos y presiones.
Por lo tanto, el sector de la educación tiene una responsabilidad fundamental en la protección de las personas menores de edad y jóvenes frente al consumo de sustancias. Ello implica la adopción de medidas dirigidas a conseguir centros educativos totalmente libres de tabaco, alcohol y otras drogas, a garantizar planes básicos de estudios que incluyan el aprendizaje de los riesgos asociados al consumo de sustancias y faciliten el desarrollo de las capacidades personales y sociales de los y las estudiantes relevantes para una conducta saludable, y a generar los conocimientos y capacidades que capaciten a padres, madres, cuidadores y las comunidades para apoyar a las personas menores de edad y jóvenes en la prevención y el abordaje del consumo de sustancias. Todas estas medidas exigen al sector de la educación la adopción de un planteamiento integral de movilización del sistema en conjunto en colaboración con otros sectores, especialmente el sector de la salud y las autoridades de fiscalización de drogas.
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