A partir de la instauración del Estado del Bienestar después de la II Guerra Mundial, los Estados se lanzaron a formular servicios, principalmente sanitarios y educativos, que generaron miles de puestos de trabajo. Esta concepción empleadora concedió a la Institución máxima del país el protagonismo en la generación de empleo y ha sido, hasta nuestros días, la salida más fácil y mejor retribuida de la mayor parte de los profesionales cualificados que salían de las universidades.
Esta filosofía, definidora del espacio europeo occidental, a partir de determinados hitos históricos (cambio en la Unión Soviética) y acontecimientos económicos y políticos (integración económica europea, corriente económica liberal, aumento de los déficits públicos, pensamiento único etc...) ha ido cambiando pese a la oposición de la población que defiende los derechos adquiridos en las últimas décadas. Se mantienen los objetivos pero está en estado de debate la forma de conseguirlos y los modelos a aplicar.
La suspensión del modelo del Estado como Gran Patrón, ha hecho que la discusión sobre el desarrollo de los servicios públicos y la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos, hayan tenido múltiples respuestas. Y es que se ha producido la descentralización de la discusión y los protagonistas se han multiplicado a la hora de definir respuestas a problemas concretos.
En esta multiplicación de agentes, las ciudades y pueblos, la Administración Local, es la que ha tenido más presencia por el número de respuestas que ha ido dando, pero también por ser la Administración más cercana a los ciudadanos y recibir las primeras y más directas presiones de la población.
La articulación de la Administración Española, en Administración Central, Autonómica y Local, ha hecho que estos estamentos tengan distinto protagonismo en la generación de empleo. La Administración Central, en la década de los 60 y 70, fue la responsable de la instauración de servicios públicos y de la creación de miles de puestos de trabajo. En la década de los 80 le correspondió el turno a la Administración Autonómica a medida que iba configurándose como Institución y e en la década de los 90 y es la Administración Local la que lidera esta iniciativa. En el siglo XXI sin embargo este modelo está manifestando un agotamiento de sus posibilidades y se están generando dificultades en su sostenibilidad.
La ciudad va conceptualizándose como ámbito político y espacio de desarrollo, y paralelamente
los Ayuntamientos y sus responsables van exigiendo mayor cesión de tributos que les permitan
mayor autonomía en la implantación de programas y actuaciones. Este liderazgo de la ciudad en la formulación de servicios públicos, o lo que es lo mismo, la municipalización de muchas de las actuaciones llevadas anteriormente por la Comunidad Autónoma o Estado, hacen de los Ayuntamientos y Servicios Mancomunados la instancia administrativa que genera más empleo público.
La contratación directa por parte de los Ayuntamientos presenta varios modelos: compartida entre varias Administraciones, con terceros de servicios municipales, compartida entre los Ayuntamientos y diversas organizaciones civiles, mancomunada municipal etc. son algunas de las fórmulas empleadas por los entes locales a socaire de las influencias de las nuevas tendencias económicas y contractuales que corren por toda Europa. Los Ayuntamientos han generado nuevos puestos de trabajo de perfiles emergentes en servicios cada vez más nuevos: los agentes de desarrollo, los animadores socioculturales, profesores y monitores de las casas de oficio y escuela taller, agentes locales de promoción de empleo, técnicos auxiliares de ayuda a domicilio, técnicos de los servicios sociales comunitarios, los informadores juveniles, los monitores de las Casas de Cultura, técnicos de los Programas de Desarrollo... son algunas de las figuras nuevas que han aparecido en los municipios, que junto al aumento de los servicios administrativos y de seguridad han hecho del marco municipal la instancia empleadora con mayor dinamismo.
Pero en el siglo XXI lo que está en el centro del debate es la sostenibilidad de este modelo que permita mantener los logros alcanzados y hacer viable económicamente un nivel de servicios eficiente y de calidad.
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