Iberoamérica cuenta hoy con más de 150 millones de jóvenes; una de cada cuatro personas tiene entre 15 y 29 años. El bono demográfico vive su momento de mayor vigor en buena parte de los países, lo cual implica una oportunidad única e irrepetible para el desarrollo presente y futuro, y la gobernabilidad de la región.
En este contexto, es fundamental que las políticas públicas de juventud evolucionen y rompan el enfoque basado en la moratoria, que concibe a la juventud como algo pasajero entre la niñez y la adultez. Urge impulsar y apoyar medidas orientadas a un desarrollo humano que conlleve el desarrollar una trayectoria de vida que permita a todas las personas, sin exclusión, participar y desarrollar libremente sus potencialidades y capacidades, sin menoscabo de las oportunidades y condiciones de desarrollo de las futuras generaciones.
Los informes de desarrollo humano del PNUD y los informes iberoamericanos de juventud de OIJ-CEPAL han demostrado que los jóvenes tienen un enorme potencial para contribuir al avance de la sociedad y ser agentes activos de cambio. Sin embargo, a pesar de los notables progresos en la lucha por la reducción de la pobreza y la desigualdad, el desarrollo de elecciones libres y el fortalecimiento de la democracia, existe evidencia en la región de problemas estructurales de desigualdad en el ejercicio de los derechos ciudadanos, y en las oportunidades y acceso a empleo, servicios y bienes públicos que afectan a los jóvenes. Factores como el ingreso, la inseguridad, el género, origen étnico o residencia son claros condicionantes, cuando no barreras determinantes, en el acceso y disfrute de derechos ciudadanos y condiciones de vida básicas.
La región está en deuda con las juventudes. Su diversidad, sus voces, necesidades y demandas deben ser escuchadas y reconocidas para concretar, en el presente, avances sociales en materia de derechos ciudadanos, así como políticas de inclusión que favorezcan mejores condiciones, como el acceso igualitario a oportunidades y recursos. Esta recopilación de 20 Buenas Prácticas en Políticas
Públicas de Juventud busca reconocer aquellos procesos que desde distintos espacios gubernamentales y alcances, con mayor o menor presupuesto, desde las ciudades o el campo, a nivel local, nacional o regional, han logrado construir programas que representan verdaderas alternativas para el desarrollo juvenil.
Fuente: OJI
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