Iberoamérica comprende realidades nacionales muy diversas no solo desde el punto de vista educativo y cultural, sino también en cuanto a sus indicadores generales de desarrollo económico y social. Si bien los avances de las últimas décadas son desta-cables, la desigualdad socioeconómica y la pobreza son rasgos que marcan la his-toria de la región –la más inequitativa del mundo–, cuya heterogeneidad en niveles de desarrollo y bienestar es muy notoria.
La reducción de la pobreza promedio ha sido moderada en las últimas décadas y ha habido dificultades para cumplir con la meta del milenio referida a la disminución de la pobreza a la mitad entre 1990 y 2015 (véase CEPAL, 2005). A ello se suma el im-pacto negativo de la crisis económica global, que si bien no se ha sentido aún en todos los países, al mantener deprimidas a las economías desarrolladas, puede lle-gar a tener efectos en las economías locales en el mediano plazo.
Por otro lado, la persistente desigualdad en la distribución de los ingresos se presenta de modo homogéneo en la mayor parte de los países de la región, con contadas ex-cepciones. El problema de la desigualdad tiene que ver, fundamentalmente, con la alta concentración de ingresos que se presenta en el decil más alto, lo que se trans-forma en un círculo vicioso porque al haber mayor concentración se hace más difí-cil que el crecimiento de los países se vea rápidamente traducido en mejoras de las condiciones de los más pobres.
La ampliación de la cobertura y el aumento del acceso a la educación constituyen dos objetivos prioritarios en los compromisos de desarrollo educativo a nivel nacio-nal e internacional, así como en el proyecto Metas Educativas 2021. La cobertura educativa, entendida como la garantía de un cupo disponible para cada uno de los niños en edad de asistir a la escuela, representa la oferta básica que el sector público puede comprometerse a otorgar.
Sin embargo, esa oferta no asegura el acceso, comprendido como el uso efectivo de dicho cupo en el sistema escolar. En ese sentido, el que exista una oferta educativa extendida no garantiza el ejercicio del derecho a la educación. Dificultades como las distancias en las zonas rurales, la pobreza, la desnutrición y el trabajo infantil, entre otros, pueden impedir el real acceso de todos los niños al sistema educativo. Por lo tanto, los esfuerzos no deben descansar solamente en la ampliación de la cobertura en sí misma sino, además, en la creación de condiciones que garanticen el acceso de los niños y jóvenes a una educación de calidad, inclusiva, multicultural y que fo-mente la diversidad y la democracia.
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