En la actualidad el medio rural en España supone el 90% del territorio y aglutina aproximadamente al 20% de la población total. Conectando estas cifras se puede llegar a entender la conclusión que se infiere de las grandes diferencias en cuanto a densidad demográfica entre el medio rural y el urbano. Esto a su vez tiene una traslación a otros indicadores socio-económicos en el medio rural, situando sus valores por debajo de la media y en clara desventaja respecto al mundo urbano, concretamente en ámbitos como la formación y empleo, las infraestructuras y transportes, los servicios sociales, educativos y culturales, la implantación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, etc.
Las personas con discapacidad del medio rural, además de encarar las dificultades de sus propias limitaciones funcionales, tienen que enfrentarse a las intrínsecas que caracterizan al medio en el que habitan. Estas dificultades se retroalimentan dejando en clara situación de vulnerabilidad a este colectivo al poner en peligro su autonomía, su calidad de vida y las posibilidades de participación comunitaria.
La Ley 45/2007 para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, aprobada el 13 de Diciembre de 2007, en su artículo 2, cita diversos objetivos como:
• mantener y ampliar la base económica del medio rural mediante la
diversificación de su economía compatibilizado con un desarrollo sostenible, y
• evitar la despoblación y elevar el grado de bienestar de sus ciudadanos a través de unos servicios públicos básicos adecuados y suficientes.
Además, “las políticas de desarrollo rural sostenible de las Administraciones Públicas que se deriven de esta Ley deberán orientarse a garantizar el derecho a que los servicios en el medio rural sean accesibles a las personas con discapacidad y las personas mayores”.La ley pone de manifiesto y define a las personas con discapacidad como grupo de población que requiere de una atención prioritaria, junto con mujeres, jóvenes y personas mayores.
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