Siete años después de que se iniciara la crisis, y ante síntomas cada vez más claros de que, al menos en el terreno económico, el ciclo ha cambiado, es momento de hacer un balance social de la crisis. La mayoría de analistas sociales coinciden en señalar que la población española no está saliendo incólume de estos años. La sociedad que emerge tras este período presenta perfiles novedosos en aspectos nucleares de su configuración social e institucional. La crisis ha pasado factura de modo diferenciado a distintos grupos sociales.
En los últimos años diversos informes y estudios han acreditado el aumento de la pobreza y la desigualdad, cambios importantes en algunos parámetros sociodemográficos, y reajustes significativos en las estructuras de protección social. Algunos de estos efectos pueden ser transitorios, y posiblemente podrían remitir o revertirse si la recuperación económica se consolidase. Sin embargo, otros cambios tienen posiblemente un carácter estructural, abocando a nuevas configuraciones sociales de naturaleza más estable, donde puedan haber quedado sustancialmente modificados tanto los mapas de la exclusión y la vulnerabilidad social, como los mecanismos previstos (tanto privados como públicos) para asegurar condiciones básicas de bienestar en situaciones de necesidad.
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