En las dos últimas décadas, en la mayoría de los países de América Latina, se puede constatar una mejora de la situación educativa. Ello ha sido posible a partir, por un lado, de la sanción de leyes que aumentaron la cantidad de años del tramo de educación obligatoria, lo cual implicó la ampliación de la oferta para la atención masiva de adolescentes y jóvenes que previamente no asistían a la escuela. Por otro, y asociada con esta incorporación, ha tenido lugar la inclusión progresiva en la educación escolar de diversos sectores sociales de nivel socioeconómico bajo o muy bajo, antes excluidos. Desde la perspectiva del derecho a la educación, el panorama resulta auspicioso: más años de estudio y más sectores sociales incluidos
en el sistema escolar.
en el sistema escolar.
El reconocimiento de estos avances en materia educativa es importante porque resulta de la constatación de los esfuerzos de las políticas de inclusión para asegurar en forma progresiva el derecho a la educación en cada uno de los países. Pero reconocer los avances –que de alguna manera marcan, en relación con el desarrollo de los sistemas educativos, el tipo y la calidad de problemas que hoy deben enfrentarse– no significa desconocer las deudas pendientes en este campo que aún dificultan la concreción del ejercicio pleno de este derecho.
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