lunes, 26 de marzo de 2018

Guía de Buenas Prácticas en Educación Inclusiva

El derecho a la educación es mundialmente reconocido desde que en 1948 se proclama la Declaración Universal de Derechos Humanos. Además, la Convención sobre derechos del niño (ratificada por 193 estados), reconoce este derecho a todos los niños y las niñas. En el año 2000, un informe de la UNESCO establece que la inclusión de la infancia con necesidades especiales o pertenecientes a minorías étnicas desfavorecidas, poblaciones migrantes, comunidades remotas y aisladas o barrios urbanos marginales, así como de otros excluidos de la educación, deberá ser parte integrante de las estrategias para lograr la educación para todos antes del 2015. En 2008, con motivo de la 48ª Conferencia Internacional de Educación de la UNESCO, los Ministros de Educación y Jefes de Delegación de 153 Estados miembro afirman que una educación inclusiva y de calidad es fundamental para alcanzar el desarrollo humano, social y económico. 

Actualmente, existe entre la comunidad internacional una voluntad unánime de fomentar un modelo de educación de calidad, intercultural e inclusivo. Los argumentos que avalan este modelo pueden encontrarse en distintas investigaciones e informes. La OCDE (2007), por ejemplo, afirmaba en su informe No More Failures: Ten steps to Equity in Education que el excluir a ciertas personas de una educación de calidad, tiene altos costes sociales y económicos. Los autores de la investigación Actuaciones de Éxito en Escuelas Europeas, publicada por el Ministerio de Educación (2011), sostienen que el éxito en educación está relacionado con la inclusión social y con el acceso a todos los ámbitos sociales y los recursos (empleo, vivienda, salud, política, etc.); y que la inclusión social permite la contribución de un mayor número de personas al desarrollo de una economía del conocimiento competitiva y dinámica, y una mayor cohesión social.

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